Santo Domingo. _ El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a 10 años de prisión a la ciudadana argentina Florencia Milagros Otaduy y al dominicano Manuel Alejandro D´Oleo Cuello, tras establecer su responsabilidad penal en un caso de tráfico de drogas ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal dispuso el decomiso de varios objetos ocupados durante el proceso y el pago de una multa de 250 mil pesos.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!De acuerdo con el expediente, Florencia Milagros Otaduy, de 31 años, fue arrestada en flagrante el 31 de julio de 2023 por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando intentaba sacar del país ocho paquetes de cocaína con un peso exacto de 4.33 kilogramos. La sustancia fue confirmada mediante el Certificado de Análisis Químico Forense No. SC1-2023-08-11-014033 emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Según la acusación, la droga era transportada en una maleta dentro de una funda plástica que contenía ocho cajas de chocolates, cada una con un paquete de la sustancia narcótica.
En tanto, Manuel Alejandro D´Oleo Cuello, quien laboraba en el aeropuerto como operador de jardinería, fue arrestado el 1 de agosto de 2023 alrededor de las 4:46 de la tarde, en cumplimiento de la orden de arresto número 03353-2023, mientras se encontraba en la terminal aeroportuaria.
El expediente establece que el hoy condenado entregó la funda con la cocaína a Otaduy en el aeropuerto, luego de que esta pasara los controles de seguridad y poco antes de su detención.
Las investigaciones también señalan que D´Oleo Cuello fue captado por cámaras de seguridad cuando ingresó desde el área del parqueo con la funda y posteriormente cuando ambos salieron juntos del ascensor y se dirigieron al lugar donde se realizó la entrega.
Durante el arresto, a Otaduy se le ocuparon varias prendas de vestir, artículos de higiene personal, un pasaporte argentino y un permiso de residencia a su nombre.
El caso fue calificado jurídicamente como violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
La investigación y litigación del proceso estuvo a cargo de los procuradores fiscales Ángel Abel Castillo Núñez y Roberto Santos Pacheco, quienes presentaron distintas pruebas que demostraron la culpabilidad de los imputados.
La sentencia fue dictada por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, quienes ordenaron que los condenados cumplan la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, y en el centro de retención para mujeres de esa localidad.
